La jueza Loretta Preska, del distrito sur de Nueva York, ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de YPF a los acreedores como parte del fallo por la expropiación de 2012. Ante esta decisión, que establece un plazo de 14 días para cumplir con la transferencia, el Gobierno de Javier Milei anunció que apelará la sentencia. Los fondos Burford Capital y Eton Capital, que demandan al Estado argentino, han comenzado a explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo negociado.
El fallo de la jueza Preska, que condenó a la Argentina a pagar US$16.000 millones más intereses, obliga a entregar el control de las acciones de YPF a los demandantes. A este monto se suman los intereses, lo que eleva la cifra total a US$17.750 millones. Sin embargo, los fondos que iniciaron la demanda, que datan de 2012, están abiertos a una negociación con el Gobierno.
Una opción que manejan es la aceptación de una reducción en el monto final o la posibilidad de que el pago se realice a través de bonos.
El presidente Javier Milei, a pesar de haber confirmado la apelación de la sentencia, enfrenta una presión creciente, ya que el tiempo corre y los costos siguen aumentando.
De acuerdo con el portal, Argentina acumula casi US$3 millones por cada día que pasa sin cumplir con el pago, y los intereses siguen a una tasa anual fija del 5,42%. Por este motivo, se están evaluando diversas alternativas, como la apelación con solicitud de suspensión o bien, iniciar una negociación directa con los acreedores.
Según un informe de Adcap, el Ejecutivo tiene tres caminos posibles para resolver el litigio: cumplir con el fallo y ceder el control de YPF, apelar la sentencia buscando una suspensión antes del vencimiento o, finalmente, negociar directamente con los acreedores para evitar mayores costos o repercusiones en la reputación financiera del país.
“Sin una negociación significativa, no hay solución posible a este desafío legal. Prolongar el litigio solo genera incertidumbre y podría forzar una venta apresurada de YPF”, indicó el informe.