El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, confirmó que la Provincia evalúa adquirir dispositivos para que algunos detenidos puedan cumplir prisión domiciliaria, previa autorización judicial. Dijo que hay unos 60 presos federales en el Servicio Penitenciario Provincial y otros detenidos de esa órbita alojados en comisarías.
El Gobierno de Misiones analiza la compra de tobilleras electrónicas como una alternativa para reducir la cantidad de personas privadas de la libertad que permanecen alojadas en comisarías, entre ellas detenidos por delitos federales. La medida dependerá de la autorización de los jueces y de la evaluación de cada caso.
El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, explicó que actualmente hay aproximadamente 60 personas detenidas por causas federales dentro del Servicio Penitenciario Provincial, mientras que otros detenidos permanecen en dependencias policiales.
“Dentro del Servicio Penitenciario hay aproximadamente 60 personas detenidas entre mujeres y varones y otros tantos en comisarías, que no es un lugar ideal para detención. La comisaría debería ser un lugar de paso”, señaló Pérez.
El funcionario precisó además que la problemática no alcanza solamente a los presos vinculados con delitos federales. Según indicó, en las comisarías misioneras hay un promedio de 1.100 personas detenidas, aunque la cifra varía de acuerdo con el movimiento de ingresos y egresos.
“La posible solución a eso es la posibilidad de contar con tobilleras. En ese camino está la Provincia para conseguir, comprar, adquirir y descomprimir la cantidad de personas que están detenidas o alojadas en comisarías”, sostuvo en dialogo con Radio Up.
Pérez también cuestionó el esquema de financiamiento que existe para los detenidos a disposición de la Justicia Federal. Explicó que la Nación aporta actualmente unos 2.000 pesos diarios por cada detenido federal, mientras que el costo de un detenido provincial ronda los 3.700 pesos diarios.
“La Nación aportaría 2.000 pesos por día por un detenido federal, que es un costo muy bajo”, afirmó.
Según el ministro, además, esos fondos no son transferidos en tiempo y forma. “Hace tres años que está demorado el pago del costo de un detenido federal, que vuelvo a decir es muy bajo”, manifestó.
En ese sentido, sostuvo que la Provincia termina afrontando gastos que corresponden al Estado nacional y comparó la situación con el mantenimiento de rutas nacionales que actualmente realiza Misiones.
“Si la Nación no se hace cargo de las cuestiones que tiene que hacerse cargo, bueno, tienen que hacerse cargo las provincias”, expresó.
El funcionario remarcó que esos gastos implican utilizar recursos que no necesariamente fueron contemplados en el presupuesto provincial. “Uno no tiene presupuestado afrontar el costo de algo que no le corresponde, pero bueno, se lo hace porque hay que seguir trabajando, tenemos que seguir gestionando y tenemos que dar solución”, indicó.
La decisión quedará en manos de la Justicia
Consultado sobre qué ocurrirá con los detenidos que eventualmente sean monitoreados mediante tobilleras, Pérez aclaró que la utilización del dispositivo no implica automáticamente el acceso a la prisión domiciliaria.
“Sí el juez lo habilita, por supuesto”, respondió, y explicó que la Provincia deberá coordinar con la Justicia “en qué condiciones un detenido puede ir a su casa y en qué condiciones no”.
Además, señaló que los dispositivos podrían utilizarse también para personas detenidas por delitos comunes, aunque aclaró que la prioridad es reducir la cantidad de personas alojadas en dependencias policiales.
La medida se suma a otros cambios implementados en el esquema de custodia. Pérez explicó que en distintos puntos de la provincia el Servicio Penitenciario comenzó a asumir tareas de vigilancia de detenidos que anteriormente recaían sobre efectivos policiales.
“La idea primaria es descomprimir esto. Hemos tomado algunas medidas con anterioridad, como que un policía no tenga que cuidar, por lo menos durante determinadas horas, a los detenidos en comisaría, sino que sea el Servicio Penitenciario, de manera tal de tener policías en la calle y no cumpliendo una función que no le es propia”, sostuvo.
La necesidad de liberar espacios en las dependencias policiales también quedó expuesta tras el intento de fuga registrado en una comisaría de El Soberbio, donde siete detenidos habrían forzado barrotes para intentar escapar. Consultado sobre si alguno de ellos estaba detenido por un delito federal, Pérez dijo no contar todavía con el informe completo, aunque consideró que “es muy probable que sí”.
Fuente: MisionesOnline