El Senado convirtió en ley el nuevo régimen de discapacidad

El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves el proyecto de fortalecimiento integral del sistema de discapacidad, una iniciativa que busca reemplazar el esquema de emergencia por un régimen permanente y establecer nuevas garantías para las personas con discapacidad y las instituciones que brindan servicios al sector.

La norma obtuvo 71 votos afirmativos, ninguno en contra y ninguna abstención. Entre sus principales objetivos figuran garantizar la continuidad de las prestaciones, establecer mecanismos de financiamiento, mejorar la coordinación entre Nación y las provincias y reforzar los controles sobre las pensiones.

Uno de los puntos centrales de la legislación es la actualización del régimen de pensiones no contributivas por discapacidad. El texto incorpora expresamente a las personas imposibilitadas para trabajar entre los beneficiarios y establece criterios específicos para acceder a esas prestaciones, que incluyen condiciones de residencia, ingresos y evaluaciones socioeconómicas.

Además, determina que las pensiones por invalidez laboral y discapacidad equivaldrán al 70% de la jubilación mínima garantizada, con un mecanismo de actualización automática vinculado a la normativa previsional.

Otro de los cambios relevantes es que la nueva ley establece la compatibilidad entre el cobro de una pensión por discapacidad y el trabajo formal, siempre que los ingresos de la persona beneficiaria no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

De esta manera, se busca permitir que quienes reciben una pensión puedan incorporarse al mercado laboral sin perder automáticamente ese ingreso.

La legislación también contempla un sistema de auditorías periódicas sobre las pensiones. Para esos procedimientos, establece garantías de notificación fehaciente, un plazo para presentar descargos y la posibilidad de una suspensión preventiva únicamente una vez vencido ese período.

Financiamiento y continuidad de las prestaciones

En materia presupuestaria, la norma establece que las futuras leyes de presupuesto deberán contemplar los recursos necesarios para sostener las prestaciones del sistema. También dispone que el ingreso por beneficiario no podrá reducirse en términos reales respecto del ejercicio anterior.

A su vez, faculta al Poder Ejecutivo a realizar adecuaciones presupuestarias cuando los recursos asignados resulten insuficientes para garantizar la continuidad de la cobertura.

En el área de salud, garantiza a los titulares de pensiones no contributivas el acceso a un programa de atención sanitaria que incluya todas las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901. Esto comprende la continuidad de tratamientos y servicios especializados.

La legislación también incorpora una instancia de coordinación permanente entre la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), con participación de las provincias en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

Otro aspecto previsto es la capacitación obligatoria para el personal de las instituciones y los prestadores que integran el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.

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Deudas con prestadores y actualización de aranceles

Uno de los reclamos más reiterados de las instituciones que trabajan con personas con discapacidad está relacionado con las deudas acumuladas por el Estado.