La diputada nacional Yamila Ruiz presentó un proyecto de ley para crear el Programa Extraordinario de Sostenimiento Yerbatero. La iniciativa propone créditos a tasa subsidiada, suspensión temporal de ejecuciones fiscales de ARCA, mayores controles sobre las importaciones y compensaciones para aliviar los costos laborales. Alcanzaría a productores con hasta 50 hectáreas cultivadas.
Frente a la pérdida de rentabilidad, el encarecimiento de los insumos y las dificultades financieras que atraviesan las familias rurales, la diputada nacional por Misiones Yamila Ruiz presentó un proyecto de ley en el Congreso para crear un régimen extraordinario de asistencia a la producción primaria de yerba mate.
La iniciativa propone establecer el Programa Extraordinario de Sostenimiento Yerbatero, destinado a pequeños y medianos productores cuyas explotaciones no superen las 50 hectáreas cultivadas. El objetivo es sostener el capital de trabajo de las chacras, evitar el abandono de las unidades productivas y preservar el empleo rural en una de las principales economías regionales de Misiones. El proyecto plantea una intervención del Estado nacional a través de cuatro herramientas: financiamiento subsidiado, alivio fiscal, controles sobre la yerba importada y compensaciones para reducir el peso de los costos vinculados al empleo rural.
Créditos subsidiados y alivio fiscal para los productores
Uno de los principales componentes de la propuesta es la creación de una línea global de créditos por $50.000 millones a través del Banco Nación, destinada a financiar el capital de trabajo de pequeños productores y cooperativas yerbateras.
El esquema contempla una bonificación de 15 puntos porcentuales sobre la tasa nominal anual y un período de gracia mínimo de un año. La herramienta apunta a facilitar recursos para afrontar los costos de producción y sostener la actividad durante un período de dificultades financieras.
En paralelo, Ruiz propone suspender durante un año, con posibilidad de prórroga por otro período igual, el inicio de juicios de ejecución fiscal y la aplicación de medidas cautelares por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra los productores inscriptos en el registro correspondiente.
La medida no contempla la condonación de las deudas tributarias. Durante el período de suspensión continuarán devengándose los intereses, mientras que se interrumpirá el curso de la prescripción de las acciones de cobro.
El objetivo es dar un margen financiero a las explotaciones familiares que enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones fiscales sin comprometer los recursos necesarios para continuar produciendo.
Controles a las importaciones y asistencia para los tareferos
El proyecto también propone reforzar las auditorías sanitarias y de origen de la yerba mate importada desde otros países de la región. Los controles deberán garantizar el cumplimiento del Código Alimentario Argentino, con el propósito de verificar las condiciones de calidad e inocuidad de la materia prima que ingresa al país.
Según los fundamentos de la iniciativa, la fiscalización busca evitar que las importaciones que no cumplan con los estándares exigidos profundicen la presión sobre los precios que recibe el productor primario.
El cuarto eje apunta a los costos laborales. La propuesta contempla transferencias transitorias para aliviar la Tarifa Sustitutiva del Convenio de Corresponsabilidad Gremial que afrontan las explotaciones familiares.
La medida busca reducir la carga financiera de los productores alcanzados y contribuir a preservar el empleo registrado de los cosecheros de yerba mate, conocidos como tareferos.
Un costo fiscal estimado en $12.800 millones
De acuerdo con las estimaciones incorporadas en los fundamentos, el costo fiscal directo del programa ascendería a $12.800 millones. El cálculo contempla $7.500 millones para subsidiar las tasas de interés, $2.100 millones vinculados al diferimiento de los cobros judiciales y $3.200 millones para las compensaciones relacionadas con la corresponsabilidad gremial. El proyecto sostiene que ese monto equivale al 0,009% del gasto primario proyectado en el Presupuesto Nacional 2027.
Para financiar las medidas, propone reasignar partidas del Presupuesto General de la Administración Nacional, sin recurrir a la emisión de nuevos títulos de deuda ni establecer modificaciones permanentes en la base imponible de los tributos nacionales.
La iniciativa también incorpora mecanismos de control parlamentario. El Poder Ejecutivo deberá remitir informes trimestrales a las comisiones competentes de ambas cámaras del Congreso sobre la ejecución de los recursos, la evolución de los precios percibidos por los productores, el volumen de las importaciones de materia prima y el impacto social sobre las familias cosecheras. Además, establece un plazo de 60 días desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial para su reglamentación.
Evitar el abandono de las chacras
En los fundamentos, Ruiz advierte sobre el riesgo de que la pérdida de rentabilidad se traduzca en endeudamiento, abandono de explotaciones y deterioro del empleo rural. La diputada sostiene que la respuesta debe apuntar no solo a las dificultades coyunturales, sino también a preservar la capacidad productiva y el arraigo de las familias en las zonas rurales.
La propuesta busca, en ese sentido, establecer una herramienta de emergencia para el eslabón primario de la cadena yerbatera, con asistencia financiera y fiscal, controles sobre la materia prima importada y medidas orientadas a sostener el empleo.
El proyecto encomienda al Poder Ejecutivo nacional la designación de la autoridad de aplicación, que deberá coordinar la implementación con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), el Banco Nación y la ARCA, además de definir los requisitos de acceso y las condiciones de cada línea de asistencia.