El Parlamento israelí aprobó este lunes con 62 votos a favor y 48 en contra una reforma que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas culpables de asesinato terrorista.
El pleno de la Knéset aprobó este lunes una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas condenadas por asesinato terrorista. La medida fue avalada con 62 votos a favor y 48 en contra, tras casi doce horas de debate parlamentario.
El texto aprobado obliga a los tribunales militares israelíes a imponer la pena de muerte a los palestinos residentes en Cisjordania ocupada que sean hallados culpables de asesinato terrorista. En el caso de los ciudadanos israelíes, en cambio, los tribunales ordinarios podrán aplicar la cadena perpetua y se establecen más condiciones para imponer la máxima pena.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió a la votación y votó a favor de la reforma. La iniciativa fue promovida por el partido del ministro de Seguridad Nacional, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, quien celebró la aprobación de la ley.
“Este es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. Se acabó la impunidad para los terroristas. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”, afirmó Ben Gvir en un comunicado.
La ley establece la pena de muerte como castigo por defecto para los residentes de Cisjordania condenados por actos terroristas en tribunales militares. Si bien los jueces pueden optar por la cadena perpetua en circunstancias especiales vagamente definidas, la pena capital sería obligatoria en otros casos.
La norma no se aplicará retroactivamente, ni siquiera a los autores de los atentados del 7 de octubre, para los que se está tramitando un proyecto de ley aparte. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que la ley consagra de facto la pena capital exclusivamente para los palestinos.
Los palestinos son juzgados en tribunales militares, mientras que los israelíes lo son en tribunales civiles. Una disposición aparte permite imponer la pena de muerte a cualquier persona, incluidos ciudadanos israelíes, pero solo se aplica a quienes “causen intencionadamente la muerte de una persona con el objetivo de negar la existencia del Estado de Israel”, una definición que en la práctica excluye a los terroristas judíos.
El diputado del partido opositor Yesh Atid, Matti Sarfatti, condenó la medida durante el debate. “La ley es populista, inmoral, no igualitaria y claramente inconstitucional”, sostuvo.