El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para restituir las pensiones por invalidez que fueron suspendidas desde marzo de manera arbitraria por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
En la acción judicial, el mandatario instruyó al fiscal de Estado, Fidel Duarte, para exigir el “inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y demás beneficios conexos, suspendidos de manera ilegítima por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde marzo de 2025”.
La demanda, caratulada “Misiones provincia de C/Estado nacional y otro S/Amparo” , ya fue ingresada en la Secretaría de Juicios Originarios del máximo tribunal bajo el número de expediente 2128/2025. La presentación busca dar una respuesta a la “suspensión ilegítima” de las prestaciones que afecta a miles de misioneros.
Según se desprende de la instrucción oficial, la presentación judicial no se limita solo a la restitución de los pagos.
También incluye el reclamo del pago de los retroactivos adeudados desde marzo, la nulidad de las auditorías que la provincia considera irregulares y la adopción de medidas urgentes para garantizar la continuidad de las prestaciones.
En los documentos presentados ante la Corte, el fiscal Duarte, junto a los procuradores José Sebastián Delgado y Christian Lampugnani , argumenta que la medida del Gobierno nacional atenta contra los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad.
La acción de amparo es una vía judicial urgente que busca proteger derechos constitucionales ante actos arbitrarios del Estado. Con esta medida, Misiones espera una resolución rápida de la Corte que ponga fin a la situación de vulnerabilidad de uno de los sectores más sensibles de la población.
Los fundamentos de la demanda
En la presentación, la Provincia solicita formalmente al Poder Judicial:
- El restablecimiento inmediato de los pagos suspendidos.
- El pago de todos los retroactivos adeudados.
- La nulidad de las auditorías implementadas por la ANDIS, por considerarlas realizadas con “irregularidades y sin contemplar los ajustes razonables y salvaguardas” que exige la normativa internacional.
- La implementación de nuevos procesos de control que sean “transparentes, profesionales y accesibles”.