Las pensiones no contributivas por discapacidad suspendidas durante la auditoría nacional volverán a acreditarse durante diciembre para todos los beneficiarios afectados. Las personas alcanzadas por la medida recibirán montos retroactivos, un punto que adquiere especial relevancia tras meses de incertidumbre y dificultades económicas.
La coordinadora del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, afirmó que el reintegro ya aparece en las cuentas de los titulares. “Los que verificamos ya tienen fecha de cobro”, expresó. Según explicó, la restitución “debe aplicarse en forma retroactiva y mantenerse hasta que se resuelva la cuestión de fondo vinculada a la continuidad de la auditoría”.
La funcionaria detalló que la orden judicial que obligó al Gobierno nacional a devolver las prestaciones continúa vigente mientras la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sostiene una apelación. En diálogo con Primera Edición, Antúnez remarcó: “Las bajas fueron irregulares, por eso celebramos que las personas recuperen un ingreso que resulta vital. Podrán asegurar un plato de comida para estas fiestas”.
El impacto de la medida todavía no está cuantificado con precisión. Antúnez recordó que el número inicial de bajas rondaba las 10.000 pensiones, aunque ese registro varió cuando, tras la denuncia pública del vicegobernador Lucas Romero Spinelli, muchas prestaciones se restablecieron “sin trámite administrativo ni judicial”. Aclaró, además, que ANDIS no actualizó directivas desde la suspensión de las auditorías, excepto la confirmación de su reanudación.
La coordinadora insistió en la necesidad de revisar el mecanismo de control para evitar nuevas irregularidades. Señaló fallas en las citaciones, en las notificaciones por carta documento y en la descentralización del proceso. “Hay que corregir el procedimiento general para no repetir errores”, sostuvo. También destacó que Misiones impulsó todas las instancias posibles: “Primero agotamos la vía administrativa y luego avanzamos con acciones judiciales, incluso de carácter colectivo”.
Otro efecto colateral se observa en la creciente demanda del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Antúnez explicó que, aunque el CUD no constituye un requisito para acceder a la pensión, ANDIS “está priorizando a quienes lo poseen”, lo que incentivó solicitudes, estudios médicos y consultas con especialistas. Resaltó que ahora incluso las ayudas técnicas del Programa Federal Incluir Salud exigen el CUD, lo que modificó el comportamiento de los usuarios.
El trabajo del Gobierno de Misiones en materia de discapacidad
Misiones consolidó un marco normativo amplio y políticas públicas de inclusión transversal. La presidenta de la Comisión de Niñez, Género, Familia, Juventud, Discapacidad y Personas Mayores, Heidy Schierse, afirmó que la provincia “garantiza derechos con foco en la inclusión”, apoyada en leyes recientes como la 12/198 (salud sexual y reproductiva), la 19/2023 (promoción integral intersectorial), la 79/2023 (Centros de Atención para Síndrome de Down), la 80/2023 (accesibilidad para personas sordas o hipoacúsicas) y la 81/2023 (espacios recreativos inclusivos).
Schierse destacó la descentralización provincial del CUD, lo que permitió que más personas gestionen el certificado sin trasladarse a Posadas. También resaltó el rol del Consejo Provincial de Discapacidad, creado por la Ley 3698/2000 y actualmente conducido por Antúnez, como articulador con asociaciones y familias. “El Estado va hacia las personas y no al revés”, afirmó, al poner en valor la mirada inclusiva que atraviesa la gestión provincial.
El compromiso provincial también se refleja en el plano judicial. En septiembre, el gobernador Hugo Passalacqua instruyó al fiscal de Estado a presentar un amparo ante la Corte Suprema para exigir el restablecimiento de las pensiones por invalidez suspendidas por ANDIS. El expediente 2128/2025 reclama la devolución inmediata de los pagos, los retroactivos, la nulidad de auditorías consideradas irregulares y nuevos procedimientos de control “transparentes, profesionales y accesibles”.
El escenario nacional se complejizó tras el rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, lo que obligó al Gobierno nacional a promulgar la norma. La ley garantiza fondos hasta 2026 para prestadores, actualiza aranceles, mejora compensaciones e incrementa remuneraciones en talleres protegidos.
Frente a este contexto, Misiones busca sostener un andamiaje de protección para uno de los sectores más vulnerables de la población. Las acciones judiciales, el trabajo legislativo y las políticas públicas inclusivas configuran una estrategia que procura asegurar derechos en medio de un escenario nacional incierto.
Fuente: Tv Canal 12