El Gobierno nacional oficializó este viernes el inicio del proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA) mediante el llamado a una licitación pública nacional e internacional para vender el 90% del paquete accionario actualmente en manos del Estado.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía, firmada por el ministro Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa se enmarca dentro del esquema de privatizaciones impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Según lo establecido en la normativa, el proceso se desarrollará mediante una Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple, sin base, destinada a seleccionar un “operador estratégico” que asumirá el control de la empresa. El 10% restante de las acciones continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo no solo apunta a transferir la titularidad accionaria, sino también a avanzar en una “transformación de importancia refundacional” del sistema de agua potable y saneamiento.
La operación será gestionada a través de la plataforma CONTRAT.AR, donde se publicarán los pliegos y la documentación correspondiente. Además, el llamado a licitación deberá difundirse durante diez días hábiles tanto en el Boletín Oficial como en el portal internacional DGMARKET del Banco Mundial.
El cronograma oficial establece un plazo mínimo de 45 días corridos entre la publicación de la convocatoria y el cierre para la presentación de ofertas. Las consultas podrán realizarse hasta el 12 de agosto de 2026, mientras que la apertura de sobres se concretará el 27 de agosto a las 10 mediante un acto público electrónico.
El esquema diseñado por el Gobierno contempla una primera etapa con la venta de al menos el 51% de las acciones a un operador estratégico privado. Posteriormente, el remanente accionario podrá comercializarse en bolsas y mercados del país.
Uno de los puntos centrales del nuevo modelo estará vinculado al futuro esquema tarifario y a las obligaciones de inversión en infraestructura que deberá asumir la empresa adjudicataria. En ese marco, vuelve a instalarse el debate sobre el rol del agua como servicio público y la posibilidad de administrarla bajo criterios de rentabilidad privada con regulación estatal.
La privatización de AySA se apoya en la Ley 27.742 y en el Decreto 494/2025, normativa que declaró a la compañía “sujeta a privatización” y habilitó el avance del proceso impulsado por el Ministerio de Economía.