La cadena Farmacias Dr. Ahorro solicitó su propia quiebra luego de cerrar todas sus sucursales en el país y despedir a 330 trabajadores, muchos de los cuales continúan sin cobrar salarios adeudados, aportes ni indemnizaciones.
La empresa, cuya razón social es Energía y Vida de Argentina SRL, había iniciado previamente un concurso preventivo de acreedores, aunque finalmente informó ante la Justicia que esa herramienta “dejó de ser viable” para superar la crisis económica y financiera que atravesaba.
La firma comenzó el cierre de sus operaciones en diciembre de 2025, cuando bajó las persianas de 11 locales y dejó sin trabajo a más de 90 empleados. A principios de mayo cerró las 33 sucursales restantes y despidió al resto del personal, alcanzando un total de 330 desvinculaciones.
Según consta en el expediente judicial, los abogados de la compañía señalaron que la empresa se encuentra en una “imposibilidad material e irreversible de continuar en giro ordinario de negocios” y de formular una propuesta de acuerdo preventivo.
La empresa atribuyó su crisis al contexto económico y a los cambios regulatorios impulsados por el Gobierno nacional a fines de 2023, vinculados a la desregulación de la comercialización de medicamentos. También indicó que intentó renegociar contratos de alquiler, obtener mejores condiciones con proveedores e iniciar un Proceso Preventivo de Crisis para sostener la actividad.
Farmacias Dr. Ahorro había llegado al país en 2002, especializada en la venta de medicamentos genéricos de bajo costo. Su propietario es Xavier González Zirión, exdiputado del Partido Revolucionario Institucional de México. La cadena llegó a contar con 47 farmacias, entre propias y franquiciadas, en provincias como Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba y Mendoza.
De acuerdo con el relato de trabajadores, a principios de mayo muchos empleados se encontraron con las sucursales cerradas y los candados cambiados cuando acudieron a sus puestos de trabajo. Minutos antes de la apertura recibieron mensajes informando el cierre definitivo de los locales.
La empresa reconoció además que las farmacias atravesaban problemas de abastecimiento debido a las deudas con proveedores, quienes habían dejado de vender medicamentos. También admitió atrasos en el pago de alquileres y aseguró no contar con financiamiento para sostener la operación.
En el escrito presentado ante la Justicia, la firma sostuvo que “la única alternativa que resta” es avanzar con la quiebra para permitir la liquidación ordenada de los activos y posibilitar el cobro de acreencias por parte de trabajadores y otros acreedores.
Mientras tanto, los exempleados continúan reclamando el pago de salarios adeudados, aportes e indemnizaciones.