La Justicia de Misiones decretó la apertura del concurso preventivo de acreedores del Sanatorio Posadas SA, en el marco de una causa que expone una profunda crisis financiera de la institución. La medida alcanza a una de las principales clínicas privadas de la capital provincial, que acumula deudas con prestadores médicos, proveedores y organismos públicos.
La resolución fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 8, a cargo de la jueza Adriana Beatriz Fiori, y corresponde al Expediente 203624/2025. El proceso fue dispuesto en abril y ahora avanza bajo supervisión judicial con intervención de una sindicatura designada.
La administración del concurso quedó en manos del estudio Bortoluzzi, Villamayor, Villamayor Nercolini, que funcionará como órgano de control y verificación de créditos. Los acreedores deberán presentar sus pedidos de verificación hasta el 15 de junio, en el domicilio fijado por la sindicatura.
En paralelo, la Justicia también dispuso medidas sobre los bienes de la empresa, incluyendo inhibiciones generales y notificaciones a distintos registros públicos. Estas disposiciones buscan resguardar el patrimonio del sanatorio mientras avanza el proceso judicial.
La situación económica del establecimiento viene deteriorándose desde hace varios años, con déficits operativos crecientes y dificultades para sostener su funcionamiento. Según los registros contables, la capacidad instalada se ubica actualmente muy por debajo de los niveles necesarios para alcanzar rentabilidad.
En 2025, el sanatorio registró atrasos salariales de hasta dos meses para sus cerca de 150 trabajadores, lo que profundizó el malestar interno. Además, el déficit operativo semestral superó los 600 millones de pesos, en un contexto de fuerte caída en la utilización de servicios.
La institución también acumula deudas significativas con la ANSeS y otros organismos, además de obligaciones impagas con profesionales médicos y empresas proveedoras desde 2021. Entre los acreedores figuran servicios esenciales como seguridad, limpieza y mantenimiento, además de entidades del sector sanitario.
Desde la conducción del sanatorio se atribuye la crisis a una combinación de factores, entre ellos el atraso de los aranceles frente a la inflación, el incremento de costos salariales y el impacto impositivo en un contexto recesivo. También señalan aumentos desproporcionados en insumos médicos y medicamentos.
En el plano laboral, los trabajadores atraviesan una situación de incertidumbre por los salarios adeudados y la continuidad de la actividad. Si bien continúan prestando servicios con normalidad, expresaron preocupación por el impacto del concurso en sus condiciones de trabajo.
Con la apertura del concurso preventivo, el Sanatorio Posadas inicia una etapa judicial clave para intentar reordenar su pasivo y sostener su funcionamiento. El proceso será determinante para definir la viabilidad futura de una institución que emplea a unas 150 personas y que enfrenta una de las crisis más profundas de su historia reciente.